Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders (JARC) y la Associació Viticultors del Penedès ha hecho un llamamiento a los viticultores que este año tienen que formalizar los contratos de compraventa de la uva con las empresas vitivinícolas a «no firmarlos por el precio abusivo» que están estipulando por la uva, puesto que, dicen «de aceptarlo se pondría en riesgo la viabilidad del sector y el relevo generacional en la viña».
«Los precios no reflejan la realidad del sector»
Las tres entidades coinciden que el precio propuesto por las grandes bodegas que compren uva no responde a las dinámicas de mercado en la relación ofrecida-demanda y no es un reflejo de la realidad del sector, puesto que esta campaña se prevé una cosecha de entre un 70 y un 80% inferior respecto de una vendimia normal a causa de la sequía, que se ha ido agraviando desde el 2021. A esto, además, hay que sumar un aumento importante de los costes de producción favorecido por un IPC elevado.
Unió de Pagesos, JARC y la Associació de Viticultors del Penedès no solo rechazan los precios de los contratos de este año, sino que piden un aumento de precio de la uva como mínimo de más del 50% del que tenían estipulado la vendimia pasada. En este sentido, argumentan que ningún viticultor tendría que aceptar unos rendimientos económicos entre 1.000 y 1.500 euros brutos/hectárea, puesto que está calculado que para que un viticultor tenga un negocio viable le hacen falta unos rendimientos mínimos alrededor de los 5.000 euros/ha.
Los tres representantes de los viticultores sostienen que hay que concienciar al conjunto del sector vitivinícola que las pérdidas económicas que este año sufrirán los viticultores se tienen que repartir entre todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del vino y el cava, y recuerdan, como dato significativo, que el valor de la uva en una botella de cava solo representa un 10% del valor total de venta de la botella al consumidor.
Precios mínimos de referencia
Para acabar, los sindicatos apuntan que las empresas que compran uva tendrían que tomar de referencia el estudio periódico de los costes de producción de la uva y del vino base cava, encargado por el Departamento de Acción Climática, para conocer los costes de producción que tiene un viticultor en la hora de producir uva y, que nunca, según establece la Ley estatal de la cadena alimentaria, tendrían que pagar al productor por debajo de sus costes de producción. Como cualquier empresa, insistirán los sindicatos, una explotación vinícola tiene que percibir un precio que cubra el coste y le aporte unos beneficios para poder ser sostenible económicamente.
