Una auditoría es un documento oficial, por eso los profesionales que las realizan tienen que estar inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Los resultados, por ejemplo, son aceptados como prueba por cualquier tribunal, de manera parecida a un informe de los bomberos respecto a un incendio o a las conclusiones de un forense en un homicidio. Sobre esta certeza es que Vadevi ha publicado las conclusiones de una auditoría externa hecha por Abad Saltó Auditores. Se puede opinar, libremente, sobre si las irregularidades detectadas son muchas o pocas o si son más o menos importantes. Pero no sobre el hecho que las irregularidades detectadas son muy reales. Cualquier periodista dirá el mismo. Hemos ofrecido a quien nos ha llamado publicar su opinión. Nadie ha querido hablar, nadie. Y, cuando dicen que no, la llamada se convierte en simple presión, cuando no amenaza.
En cualquier caso, cuesta de hacer compatible con una buena gestión el hecho que, por ejemplo, los auditores hayan encontrado pagos por más de 65.000 euros sin factura. O por qué se arrastran 35.000 euros «de difícil cobro». O por qué no hay tesorero o gerente y es el secretario quien lo firma todo. En fin, por eso se ha llegado al mes de agosto sin que se hayan podido aprobar los números de 2023. No son «injurias» contra el secretario, son números. Aquí está la auditoría entera, por si alguien quiere leer las salvedades del auditor, que es un profesional externo e independiente.
Al margen de las irregularidades explícitas, algunos datos pueden llamar la atención, o no, según la opinión de cada cual. Personalmente, encuentro poco operativo que un 13,34% del presupuesto global de la DO Terra Alta lo gestione un solo proveedor, la agencia Pcats, que, por cierto, competía por esta partida solo con otra oferta que es de un cliente suyo. Pero, en fin, cada cual se gasta cien mil euros en lo que quiere.
Mal cuando la crítica periodística a las malas prácticas económicas se convierte, para los afectados, en «difamación» e «injurias» contra «centenares de viticultores y unas sesenta empresas».
Y una recomendación amigable de un viejo periodista, la amenaza velada del Consejo Regulador, que «se reserva el derecho de emprender las medidas necesarias» no sirve de nada. Vayan al juzgado -y ganen- o ahórrense esta frase estereotipada.
Y dicho esto, vivan los vinos de la Terra Alta. Personalmente, siempre los recomiendo.
