Una auditoría externa, correspondiente al año 2022, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Terra Alta destapa un considerable número de irregularidades contables y de gestión que cuestionan la credibilidad del funcionamiento de este organismo por la carencia de supervisión financiera. La informe pone al descubierto como el secretario de la DO, Jordi Rius, hace y deshace a discrecionalidad, a pesar de ocupar un cargo sin potestades en el ámbito financiero, hasta el punto que durante aquel ejercicio, a escondidas del mismo presidente de la entidad y de la comisión rectora, contrató directamente a su hermano electricista para instalar unas placas fotovoltaicas, por un coste de 13.494 euros.
La fiscalización, elaborada por el despacho de Reus Abad Saltó Auditores, a la cual ha tenido acceso este medio, solo alcanza una parte de la contabilidad del 2022, al tratarse de una auditoría parcial (procedimiento negociado en el argot administrativo). A pesar de esta limitación, las conclusiones sobre el desbarajuste a la DO Terra Alta son bastante explícitas: carencia de control sobre la contabilidad con el pago de facturas inexistentes, sin apoyo documental o bajo el mismo epígrafe; clientes deudores de difícil cobro (34.917 euros); desajustes en las nóminas de los trabajadores y en las declaraciones del IVA; un incremento injustificado del 20% de los gastos de personal, follón en la gestión de la tienda de vinos -con márgenes de beneficio inferiores a los del mercado- y una disminución de los recursos hasta tener un saldo negativo superior a los 6.000 euros que la auditoría atribuye directamente al “descontrol en el gasto”.
Pero la auditoría incide sobre un punto concreto: la plena autonomía de que dispone el secretario de la DO Terra Alta, Jordi Rius, en materia contable y financiera, a pesar de que la ley y el mismo reglamento del Consejo Regulador no le atribuyen esta responsabilidad.
Placas fotovoltaicas y dietas sin justificar
El hecho más grave que se señala es la contratación del hermano del secretario para instalar unas placas fotovoltaicas en la entidad y que tuvieron un coste de 13.494 euros. Según se especifica en la auditoría, este encargo se hizo directamente por Jordi Rius «sin el conocimiento y aprobación del presidente (entonces Joan Arrufí) ni de la Comisión Rectora». Solo a mediados de 2023, con la fiscalización en marcha, el secretario presentó tres presupuestos de obra en que lo de su hermano era el más barato.
Lo Consejo Regulador de la DO Terra Alta consideró tan serio este hecho, que en diciembre de aquel mismo año estableció que todos los gastos superiores en los 500 euros dispusieran de la doble firma del presidente y del secretario. Fue la única medida correctiva que adoptaron.
La auditoría ha detectado que solo un 32% de los documentos están firmados por el presidente | captura
En cuanto a Jordi Rius, la fiscalización va más allá. Tan solo el 32% de las facturas de ingresos van firmadas por el presidente, mientras que el resto solo cuentan con la del secretario (58.029 euros sobre un total de 85.666 euros). Y las facturas de gastos de explotación llevan la firma del secretario, Jordi Rius, sin competencias en esta materia. Por ejemplo, una inversión de 1.399 euros bajo el epígrafe de “cortafuegos”.
Captura del documento donde se presentan conclusiones y recomendaciones, en este caso, sobre cargos de una tarjeta de crédito a nombre del secretario
Respecto a las dietas (restaurantes, aparcamientos, etcétera) que presentó el secretario durante aquel ejercicio -abonadas inicialmente con su tarjeta de crédito- no existe ninguna justificación sobre el motivo de los viajes ni tampoco ninguna firma de autorización del pago de los gastos. De este modo, los auditores recomiendan “la emisión de hojas de dietas y desplazamientos..., con la justificación del gasto y su vinculación con la entidad” y con la autorización firmada del presidente.
