La publicación de una auditoría llena de irregularidades, en el verano de 2024, levantó la liebre sobre la dudosa gestión económica en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Terra Alta. Fue la primera señal, pero, poco a poco, han ido surgiendo aún más indicios sobre el funcionamiento interno de la entidad, que han terminado con una investigación judicial con un total de cinco imputados -por el momento- por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, administración desleal y fraude en las subvenciones. Y la Generalitat, salpicada. Los Mossos incluso han efectuado dos registros en las sedes de la DO y del INCAVI.
Según ha podido saber Vadevi, los investigados son el director general y el jefe de servicio de secretaría del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), Joan Gené y Francesc Xavier Agell, respectivamente; el secretario de la DO Terra Alta, Jordi Rius -que es, a la vez, alcalde de la Fatarella por el PSC-, la directora y propietaria de la agencia de comunicación Pcats, Sole Garcia Insua, así como una trabajadora de la DO. Una lista provisional, porque no se descarta que haya nuevos investigados a medida que avance la instrucción. Las primeras declaraciones se han previsto para el viernes 6 de noviembre. En este sentido, Joan Gené, director general del INCAVI ha confirmado la investigación: «Confiamos en la justicia pero, de momento, no haremos declaraciones respecto a este caso«, ha afirmado a Vadevi.
De hecho, todas las personas investigadas se han personado con abogado y procurador, con una curiosidad procesal destacable, y es que los imputados del INCAVI se presentaron con los abogados de la Generalitat, pero la jueza instructora se ha negado a admitirlos porque, a la vista de las primeras pesquisas, la institución podría pasar a ser acusación particular como perjudicada. En esta línea, cabe recordar que las denominaciones de origen tienen la calificación de entidades de derecho público tuteladas por la Generalitat a través, precisamente, del INCAVI.
Muestra de vinos de la DO en Batea
Fuentes cercanas al caso han explicado a Vadevi que aquella auditoría interna sobre los gastos del ejercicio 2022, publicada por este medio en julio de 2024, hizo saltar las alarmas. A partir de los primeros datos que apuntaban irregularidades en la gestión, se tiró del hilo hasta llegar al presupuesto y los costos de la organización del certamen Primavera de la DO Terra Alta, una muestra de los vinos de la comarca que anualmente se celebra en Batea. Un presupuesto de 360.000 euros que, en gran parte, provenían de fondos públicos, y que se habrían gestionado a través de la empresa privada de comunicación de la ahora imputada Sole Garcia Insua, con la connivencia del Consejo Regulador.
Las supuestas irregularidades se denunciaron ante el Ministerio Fiscal en Tortosa, que llevó el expediente a la fiscalía especializada de anticorrupción que, de oficio, inició una investigación. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción decidió presentar una querella ante el Tribunal de Instancia e Instrucción de Gandesa, que abrió diligencias de instrucción con la ayuda de los agentes del Área Central de Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra. Los investigadores policiales han emitido varios atestados sobre los hechos denunciados después de efectuar registros para reclamar documentación incorporada a la causa. En este sentido, se registraron las sedes del Consejo Regulador de la DO e incluso del INCAVI, con el correspondiente vaciado de información de los sistemas informáticos.
Falsificación de actas y de los requisitos para conseguir subvenciones
La Fiscalía considera que, con los indicios recogidos, la tramitación de las subvenciones se habría registrado con “manipulación de las solicitudes” a través de la falsificación de actas y de los requisitos para conseguir fondos públicos durante los ejercicios de 2023, 2024 y 2025. De hecho, la denuncia de la fiscalía esboza la presentación de ofertas para una licitación de la DO donde se presentaban empresas para simular la concurrencia legal de varios licitadores que, previamente, se habrían confabulado con la agencia de comunicación Pcats y, en paralelo, con la misma secretaría técnica de la DO.
Los investigadores también incluyen otras facturaciones vinculadas con el INCAVI, así como gastos de representación, como viajes y comidas que no se han justificado y un uso sospechoso de las tarjetas de crédito de la DO Terra Alta. Según ha podido confirmar Vadevi, también hay una acusación particular personada en el caso.
Ahora, la instructora espera las primeras declaraciones indagatorias de los investigados para poder terminar de recoger más detalles sobre la presunta trama de malversación a través de las DO. En este sentido, fuentes de la investigación señalan que los agentes de los Mossos que actúan como policía judicial no descartan, en sus atestados, que las irregularidades detectadas también se llevaran a cabo en otras DO y el propio INCAVI, siempre a través de la misma empresa privada de comunicación.
Retraso en la instrucción
En todo caso, la instrucción del caso se ha ido frenando por la falta de un juez titular en Gandesa. Así, las primeras declaraciones de los imputados estaban previstas para el pasado mes de junio, pero se han ido posponiendo hasta ahora en noviembre. Al frente del juzgado hay una sustituta que, a la vez, suple a otra sustituta. El titular no llegará hasta el próximo mes de enero.
