El Gobierno de la Generalitat creará una línea extraordinaria de ayudas para los sectores agrarios más perjudicados por los efectos del cambio climático y el aumento de los costos, entre ellos el combustible, a consecuencia de la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron con Irán y la invasión rusa de Ucrania. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, lo anunció el lunes tras la reunión extraordinaria de la Mesa Agraria con representantes de organizaciones del sector.
Ordeig ha calificado la situación de «extraordinariamente complicada», pero ha adelantado que en los próximos días se reunirá con los sectores afectados para definir cómo deberán ser las ayudas. El Gobierno se ha comprometido con Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) a acelerar al máximo la tramitación y el pago de ayudas e inversiones por valor de 168 millones. Para ello, el Departamento prevé activar fondos de contingencia, fondos agrarios y recursos propios.
El consejero también ha mostrado predisposición a suspender las importaciones de algunos productos mediante cláusulas de salvaguardia. También ha pedido a la Unión Europea (UE) que active planes de contingencia y al Ministerio de Agricultura que apruebe medidas urgentes, entre las cuales podría haber una bonificación del gasóleo.
Las agrupaciones no tienen suficiente
Joan Carles Massot, presidente de los Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) estaba en la reunión de la Mesa Agraria con el consejero para intercambiar impresiones sobre los temas que les preocupan. Explica que “la respuesta no es nada satisfactoria para el sector”. Es por eso que continúan decididos a movilizarse el 9 de octubre en Lleida. “Lo mantenemos porque, entre otras cosas, no hay suficiente reducción del precio del petróleo ni suficiente del IVA, ni tampoco suficientes incentivos fiscales a toda la actividad agraria y ganadera”.
La sequía en la viña y los precios del combustible son los temas puntuales, pero no son los únicos. Sus propuestas pasan por herramientas “lejos de ser suplementarias”, dice, como el adelanto del anticipo de la PAC (Política Agraria Común de la UE) “para dar aire al sector y tener un poco más de liquidez”. Massot también reclama la eliminación del tope de los créditos del ICF (Instituto Catalán de Finanzas) para aquellos que tienen amortizado más del 50%.
Después de dos o tres años de sequía, el presidente de JARC explica que las cosechas no han generado excedentes y, a la vez, ha disminuido el consumo de vino. En este contexto proponen reactivar las ayudas para el arranque de viñas y facilitar la reconversión de las tierras de secano hacia otros cultivos que se adapten, como el olivo. También se plantea ofrecer una compensación más elevada cuando el arranque vaya acompañado de un relevo generacional o de la cesión de la tierra a un profesional. De esta manera, se podrían evitar las tierras abandonadas y la pérdida del potencial agrario.
En cuanto al precio de la gasolina, que continúa disparado y ha crecido más de un 30% en los últimos tres meses, Massot hace referencia a un complemento de la ayuda estatal para las comunidades autónomas autorizado por la Unión Europea que, según él, Cataluña no está ejecutando. “El Gobierno podría complementarlo con un 200%, que serían unos 5 millones de euros más, y no lo ha hecho”, apunta. El precio del gasóleo agrícola o gasóleo B se situaba sobre los 1,10 euros a principios de año y, después de la primavera, ahora ha vuelto a subir hasta los 1,55 euros.
“No lo pedimos para que el sector vaya mejor o para que a nosotros nos vaya mejor, sino para que se puedan continuar consumiendo alimentos”, dice Massot en referencia a las demandas que aún hacen después del lunes. “Podemos perder soberanía alimentaria y que, por lo tanto, repercuta en la cesta de la compra hasta que dentro de dos años se duplique el precio de los alimentos esenciales”, explica.
Demandas de Unió de Pagesos
La coordinadora nacional de Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat reclama, sobre todo, concreción. Pide que el Gobierno ponga claramente sobre la mesa el contenido de las ayudas y ha expresado la preocupación del sindicato ante la posibilidad de que las medidas beneficien solo a algunos sectores. A pesar de valorar positivamente la predisposición del Gobierno, UP también mantiene la convocatoria de movilización que, en su caso, será el 14 de octubre en Barcelona.
En esta protesta, el sindicato pedirá ayudas directas de 17.000 euros para las explotaciones profesionales con al menos una Unidad de Trabajo Agrario (UTA); de 12.750 euros para las que dispongan de más de 0,75 UTA, y de 8.500 euros para las que tengan 0,5 UTA. También piden adecuar el IRPF, las cotizaciones y las prestaciones, a la vez que eximir la maquinaria agraria de la ITV periódica; combatir los abusos de la industria y la gran distribución y garantizar precios transparentes; reforzar los controles del origen y la trazabilidad de los alimentos importados; priorizar productos de proximidad en los comedores públicos; frenar la especulación en la compra de tierras; garantizar el agua para los cultivos y la ganadería, y controlar los daños de la fauna salvaje y aprobar una ley de gestión sostenible.
El presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), Ramon Sarroca, también ha defendido una respuesta conjunta, que dé prioridad a los sectores más afectados sin excluir ninguna actividad perjudicada.
