El sector vitivinícola catalán es uno de los más regulados del país. De hecho, todas las empresas relacionadas con el mundo del vino a escala europea están sujetas a normativas muy exigentes que no permiten muchos cambios. Además, los diferentes países elaboradores de vinos, como es el caso de Cataluña, también tienen sus propias reglas del juego, leyes que acompañan a vinicultores y empresarios en la cadena de producción y comercialización del vino. En 2020, el sector vitivinícola catalán logró la reforma de la Ley Catalana del Vino, una normativa que buscaba integrar de manera legal y prescriptiva todos los cambios que se exigían al sector desde Europa. Esta fue una de las leyes que se aprobó con una mayoría abrumadora dentro del Parlamento, con un total de 124 votos a favor y cuatro abstenciones. Sin embargo, lo que un día fue motivo de celebración hoy todavía no está implementado. Como toda normativa necesitaba un decreto de despliegue, es decir, un reglamento común para poder integrar todos los cambios de manera transversal en las diferentes compañías. Cuatro años y medio después de ser aprobada la ley, el decreto todavía es todo un misterio y mientras en algunos espacios del sector se pide con insistencia la puesta en marcha del reglamento, los expertos no saben especificar cuánto más tiempo se tendrá que esperar.
«En la última conversación con el INCAVI nos aseguraron que se abordaría el reglamento», explica a Vadevi, Jaume Mata, secretario de la marca colectiva europea Corpinnat. Para ellos la regulación es esencial para el buen funcionamiento del sector en Cataluña. En este sentido, ya hace años que mencionan el reglamento a las autoridades pertinentes, sobre todo al INCAVI, pero Mata asegura que «la ley murió de éxito», ya que pasan los años y parece que haya quedado escondida detrás de otras prioridades. La visión de algunos expertos, sin embargo, es completamente diferente. Salvador Puig, director de la sección de Viticultura y Enología de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC) y antiguo director del INCAVI concreta que «la nueva ley es una puesta al día con la normativa europea» y, por tanto, no tiene tanta afectación. Así pues, lo que un día lideró el Institut Català de la Vinya i el Vi considera que las bodegas catalanas ya de por sí «tienen un margen muy estrecho para hacer cambios, ya que desde la Unión Europea está todo dado y bendecido». En otras palabras, el experto confirma la importancia de una remodelación del sector a través de esta ley, sobre todo para dejar claras las normativas europeas, pero no confía que sea un gran paso para el sector porque «el vino ya se regula muchísimo desde Europa«, insiste.
«La ley busca una mejor organización del sector de la viña y el vino en Cataluña, incorporando conceptos como excelencia en la producción de uva y elaboración de los vinos, sostenibilidad y mitigación del cambio climático, la preservación del patrimonio que representa la viña y el vino, la incorporación de la figura del viticultor elaborador, valorar todos los eslabones de la cadena vitivinícola, entre otros», describe Toni Cruces, secretario general de la Asociación Vinícola Catalana. En líneas generales, la normativa permite avanzar en cuestiones que habían quedado obsoletas debido al paso del tiempo y el cambio normativo de Europa. La creación del Catálogo de variedades o la definición real de cuáles son los organismos que inspeccionan y sancionan las plantaciones son algunas de las especificaciones de esta ley. Sin embargo, parte de estas aportaciones son papel mojado sin el decreto de despliegue, tal como reflexiona Mata, quien cree firmemente en la necesidad de integrar la normativa de manera inmediata. Corpinnat denuncia «cierta comodidad» por parte de las instituciones y Mata comenta que «hay partes de la ley que podrían crear conflictos en las DO y, por tanto, se alarga la espera». Una opinión muy diferente de este retraso en la implementación tiene Cruces, quien reconoce la demora, pero confirma que «ha habido muchos cambios desde el momento de la aprobación y se debe reorganizar la manera de integrarlos». Así pues, el experto cree que ha habido causas ajenas a la voluntad de las instituciones para no plantear un reglamento antes y, por tanto, «no tardará mucho en ponerse en marcha».
Voluntad u obligatoriedad en la figura del viticultor elaborador
Sin duda, el cambio que podría levantar más polvo de esta ley es la incorporación de la figura del viticultor elaborador. Hasta ahora, ha sido potestad de las Denominaciones de Origen categorizar de dónde venía su uva. Esta es una situación que denuncian desde Corpinnat como «competencia desleal«, porque se supone que pueden jugar en la misma liga, vinos hechos y cosechados en Cataluña y vinos que no. «No debería ser decisión de la DO si especificar o no, la normativa debería obligarte», exclama Mata. Esta visión tampoco la comparten los expertos que, aunque están de acuerdo en decir que la distinción es importante, no verían bien que la ley obligara a los elaboradores a explicarlo, «simplemente debería dar la opción para quien lo quiera hacer», replica Puig. Además, el director de la sección de Viticultura y Enología de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC) confirma que las bodegas que usarían la distinción se diferencian de las que no, ya que «juegan en ligas diferentes». En la misma línea, el secretario general de la Associació Vinícola Catalana también asegura que «en el sector del vino hay mucha figura obligatoria que hace perder mucho tiempo» y por tanto, añade que «sería un error hacerlo obligatorio«.
Para Coprinnat, sin embargo, la falta de una categorización más precisa va mucho más allá de esquivar papeleo. Ninguno de los expertos niega que esto sea cierto, pero Cruces reitera que la figura debe ser voluntaria no solo para no poner a las bodegas entre la espada y la pared, sino porque cuando una figura la tiene todo el mundo «pierdes el rasgo diferencial y pierde toda la gracia», argumenta. Para él, el distintivo puede ser una buena manera de categorizar el producto y darle un punto que lo diferencie de otros.
Cambio climático y digitalización en el punto de mira
La ley además también potencia el fomento del enoturismo y la cultura del vino por parte del INCAVI, conjuntamente con otros departamentos de la Generalitat, entidades e instituciones. De este modo, ya en 2020 se pronosticaba que el sector vitivinícola añadiría el turismo en su cartera de ofertas y, por tanto, la normativa recogía la necesidad de implementar nuevos formatos y tecnologías, acompañadas de la digitalización que se propaga desde hace años para todos los sectores. Además, también se ponía sobre la mesa la necesidad de combatir el cambio climático que, según explica Cruces «en aquel momento no tenía unos efectos tan claros como los de ahora», pero «ya se veía venir lo que pasaría», continúa el experto. En esta línea, la ley busca facilitar la adaptación de la viticultura, agilizar y facilitar la incorporación de nuevas variedades, especialmente las recuperadas y ancestrales, en el potencial vitícola catalán y fomentar la agricultura de montaña. Una ley, pues, que a pesar de casi cinco años de silencio tiene todas las bases para convertirse en el Santo Grial del sector vitivinícola catalán o al menos potenciar su identidad en todo el mundo.
