La Federación Española del Vino (FEV), representando del sector de las bodegas españolas, ha instado los viticultores a denunciar quién los pague demasiado poco por su uva. Su director general, José Luis Benítez, ha declarado este lunes que las acusaciones que se han hecho durante los últimos días son «muy injustas», han sembrado «una sospecha» sobre las prácticas del sector y le han dado «una imagen muy negativa a la opinión pública» si bien, considera, la ley se cumple «de manera aplastantemente mayoritaria».
«Casos puntuales»
Si bien Benítez reconoce que puede haber «casos puntuales» en que haya incumplimientos de la ley, y que tendrían que ser denunciados tanto ante las autoridades autonómicas competentes como ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), considera que las «notas de prensa» que se publican «cada vendimia» denunciado los precios bajos de la uva son, como ha dicho en declaraciones recogidas por Efeagro, «calumnia, que algo queda». «Cuando un viticultor que proporciona uva se vea afectado o presionado, que lo denuncie, pero no hay que estar todo el día sacando comunicados de prensa sembrando una imagen que parece que todas las bodegas sean malvados y no pagan la uva«, ha sentenciado.
El director de la FEV defiende contratos largos
Además, ha afirmado, muchas denuncias de organizaciones agrarias se hacen en base a estimaciones generales de costes de producción y, en cambio, la Ley de la Cadena Alimentaria indica que el coste l‘tiene que calcular cada agricultor. A partir de aquí, ha invitado los viticultores a usar una herramienta de la Interprofesional del Vino de España (OIVE) que tiene el apoyo de los bodegueros y que permite hacer este cálculo.
Finalmente, el director general de la FEV también ha recordado que, según la ley, hay de haber un contrato de compraventa de uva, donde el precio aparezca especificado, antes de entregar la cosecha a la bodega, de forma que el vendedor tendría que saber con antel·lació cuánto cobrará por su producto. En este sentido, se ha pronunciado a favor de los contratos a largo plazo entre celers y viticultores, «de tres o cinco años», porque cree que dan «estabilidad y garantías».
