La Unión de Uniones de Agricultoras y Ganaderos (UUAG) ha puesto en marcha acciones para denunciar ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) lo que consideran «incumplimientos» de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte de las bodegas Félix Solís y García Carrión. Según afirma el sindicato en un comunicado, las bodegas estarían pagando el precio de la uva a precios muy bajos, cosa que ha generado quejas de los viticultores.
Precios inferiores a los costes medianos de producción
La UUAG explica que los costes medianos de producción, con el encarecimiento de los últimos dos años, se podría situar, por ejemplo, entre los 0,21 euros el kilo y los 0,46 €/kg en Castilla-La Mancha, para la variedad forcallat, según sí es de secano o de regadío y si está acogida o no a alguna DO. En el caso del tempranillo, podría estar entre los 0,30 €/kg y los 0,54 €/kg. Los precios que pagan bodegas tan grandes como estas dos grandes bodegas, Félix Solís y García Carrión, en cambio, se asimilan a «la mitad y menos» en algunos casos, afirma el comunicado.
Esto, para la UUAG, es un indicio que se está incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga que el precio pagado al productor cubra como mínimo los costes. Es por eso que los viticultores están «indignados» por el hecho que, con «un recorte de las cosechas» como el que sufren, se pague la uva a «precios inferiores a los del año pasado», cosa que «no da ni para pagar la vendimia«. Esto ha llevado la UUAG a reunirse con viticultores de las principales zonas productoras para conseguir pruebas que se está vulnerando la ley y presentar las denuncias pertinentes a la AICA. Además, se pone a disposición de los viticultores que, con los papeles en la mano, consideren que reciben un precio inferior al que marca la ley para incorporarlos a las denuncias.
Posición de debilidad de los viticultores
La organización subraya que ha puesto en marcha esta actuación a pesar de las dificultades por la «posición de debilidad» de los viticultores, especialmente «ante las grandes bodegas«, que afirman que podrían tomar represalias ante las denuncias. En este sentido, recuerda que el ministerio español de Agricultura tiene, desde el mes de junio, un Registro de Contratos Agrarios donde habría de haber los acuerdos correspondientes a la uva de esta campaña, puesto que el comprador está obligado a inscribirlos antes de recibirlo.
Con estos datos, afirma la UUAG, «el Ministerio tiene material suficiente» para poder controlar «con precisión quirúrgica» y ver quién no cumple la ley. Critican lo que consideran un «abandono del sector», y que se ha «ignorado los viticultores al paquete de ayudas directas», a pesar de que la mala vendimia se prevé a consecuencia de la sequía y el encarecimiento de los costes productivos, cosa que los afecta «en la misma medida que a los productores del resto de sectores».
