«Una de las vendimias más complicadas de los últimos tiempos marcada por la fuerte sequía» y una «campaña de desprestigio construida sobre intereses y rencores personales«, son los argumentos que la DO Terra Alta utiliza para pedir la dimisión de su propio presidente, Pere Bové, elegido hace solo un año. El comunicado de la entidad no aclara cuál es la relación concreta entre Bové, la sequía y la supuesta «campaña de desprestigio». Pere Bové tiene detrás una larga trayectoria profesional en la gestión de la Cooperativa de Gandesa.
A pesar de la importancia de la decisión, el comunicado de la DO Terra Alta lo anuncia, paradójicamente, en el último párrafo de un largo comunicado que se ha hecho público este viernes. El documento afirma que la entidad «denuncia y exige el final de la campaña de desprestigio que sufre«, en referencia en la publicación, por parte de Vadevi y el Grup Món, del contenido de una auditoría encargada por la misma DO en que se señalan toda una serie de irregularidades que han sido explicadas en dos artículos publicados el miércoles y el jueves de esta semana.
Ningún dato desmentido
El comunicado acusa de «falta de deontología periodística» de estos medios por «una serie de artículos llenos de juicios de valor y basados en informaciones sesgadas, no veraces y fuera de contexto«. También acusan Josep Garriga, el periodista que firma las informaciones -sin mencionarlo-, de un «conflicto de intereses profesionales y personales» que no definen. A pesar de los contuntendes términos, el comunicado no cita ningún caso concreto, ni desmiente ningún dato de las publicadas. De hecho, todas forman parte, estrictamente, de la auditoría que la misma entidad encargó en el despacho Abad Saltó Auditores, de Reus. Tampoco se menciona el Grupo Nación Digital y Aguaita, que han publicado idénticos resultados de la misma auditoría, pero sin que se los acuse de nada.
El comunicado también defiende explícitamente el secretario de la entidad «y sus proveedores«, a quienes reitera «la confianza depositada» y anuncia que «se reserva el derecho de emprender las medidas necesarias para proteger la marca y todos sus representantes y apoyar a las personas y empresas que también han estado víctimas«, sin especificar tampoco de qué medidas se trata ni contra quienes se emprenderían.
