Los viticultores catalanes más jóvenes ya no contratan seguros agrícolas. Hace años, asegurar las tierras para paliar las consecuencias de cambios bruscos de la meteorología que causaban caídas drásticas de las producciones era algo que todo agricultor concienciado debía hacer. Últimamente, sin embargo, en algunas zonas de Cataluña esta ya no es una tendencia tan extendida. En una entrevista con Vadevi, Josep Secos, viticultor y miembro de Unió de Pagesos, asegura que «no tiene seguro agrícola» y reconoce que algunos viticultores jóvenes del Priorat -donde él tiene su explotación- «también han decidido trabajar sin seguro». La realidad actual, pues, es que lo que un día debía convertirse -y era- el salvavidas de la agricultura ahora es prácticamente una pesadilla. La última noticia de los seguros ha sido un golpe muy duro para el sector. Este 2025, ENESA -empresa aseguradora- ha perdido una subvención estatal de 100 millones de euros. Esta decisión gubernamental, camuflada con un ajuste de cuentas tras años de sequía, obliga a la agricultura a pagar casi el doble por asegurar sus tierras; y las prestaciones continúan siendo las mismas. Desde Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) denuncian estas subidas y recuerdan que «los profesionales y los jóvenes no siempre pueden asumir estos aumentos». Una situación que devuelve los seguros agrícolas al foco mediático y abre el debate sobre su utilidad real.
«Hay muchos elaboradores a los que no les sale a cuenta tener un seguro agrícola», lamenta Quim Mallafré, viticultor y miembro de Revolta Pagesa. Desde la entidad reconocen que muchos viticultores conservan estos seguros, pero también afirman que en algunos casos las nuevas generaciones ya no le ven sentido. Esta es una opinión que comparte Secos, quien confirma que él mismo trabaja sin seguro, aunque la recomendación del sector es tenerlo. «También hay aquellos que dicen que mejor esto que nada», continúa Mallafré, quien critica los pocos beneficios que conllevan este tipo de pólizas. En este sentido, las aseguradoras siempre pagan por debajo del precio real del producto, un conflicto que pone en una situación crítica a los viticultores, ya que por mucho que paguen nunca acaban recibiendo lo necesario para continuar con la producción en caso de un siniestro: «El primer año hice números y vi que no tenía ningún sentido asegurar mi producción», insiste Secos.
Aunque muchos viticultores deciden producir sin una cobertura adicional, todavía hay una parte significativa del sector que apuesta por contratar seguros agrícolas para garantizar una mayor seguridad en sus cosechas. De hecho, desde la JARC concluyen que este tipo de seguros es, sin duda, lo más recomendable para la mayoría. En este sentido, Jaume Domènech, viticultor y miembro activo de la entidad, manifiesta a Vadevi que es esencial plantar cara al ministerio de Agricultura y exigir que se restablezcan las subvenciones destinadas a la aseguradora principal, ENESA. «Ha sido una mala decisión y todavía tienen tiempo para rectificar y deshacer este error», exclama Domènech con firmeza. Por lo tanto, mientras algunos viticultores muestran su desencanto con las pólizas de seguro, muchos otros se mantienen firmes y continúan luchando por lograr su correcta implementación y ajuste. «No se trata solo de las cifras que presentan las aseguradoras en sus estadísticas, sino que es necesario considerar que los viticultores necesitan un sistema más seguro para protegerse de los riesgos», comenta Domènech. Además, añade que «el seguro es una herramienta imprescindible».
Poco valor y muchos siniestros
Independientemente del recorte de la subvención estatal, hay otros aspectos del funcionamiento de los seguros agrícolas que no convencen a los viticultores y que generan un malestar creciente dentro del sector. Uno de los principales inconvenientes es el retorno que reciben los asegurados en caso de siniestro, que suele ser muy por debajo de la cantidad de pérdidas que realmente han sufrido. Por ejemplo, en situaciones de sequía, los viticultores no reciben el valor real del producto que han dejado de producir, sino una cantidad muy inferior a la que habrían obtenido en condiciones normales. Esta situación crea una sensación de falta de justicia en la compensación que ofrecen los seguros, ya que no cubren los daños de manera suficiente para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones. Además, por cada siniestro que se produce, es decir, por cada cambio en las condiciones climatológicas que afecta la producción, los asegurados se ven obligados a hacer frente a una subida en las primas de sus pólizas. En otras palabras, los costos del seguro se incrementan año tras año, incluso en un contexto en el que las condiciones de mercado y las adversidades naturales ya han sido lo suficientemente duras. En el caso de muchos productores que han tenido que soportar los efectos de una sequía prolongada durante tres años consecutivos, han observado cómo el precio de su seguro se ha duplicado o, en algunas ocasiones, triplicado, haciendo que los costos de las pólizas sean cada vez más difíciles de asumir. «Antes era un gasto viable, pero cada vez resulta más complicado sacar algún beneficio real», comenta Mallafré.
Así pues, entre los reclamos de los viticultores no solo está el retorno de las subvenciones estatales, sino que también se pide de manera activa que no se penalice a los productores por desastres climatológicos que no son culpa suya: «Parece que te quieran tomar el pelo», anuncia Seco, quien explica que las aseguradoras justifican el aumento de precio por «la gran cantidad de expedientes que se han aprobado los últimos años debido al cambio climático». Paralelamente, los viticultores también exigen que el gobierno catalán aumente su subvención a estas aseguradoras, ya que actualmente el gran grueso lo concede el ministerio, lo que deja a los viticultores -y a toda la agricultura catalana en general- con poco margen de maniobra. «Es imprescindible que la consejería de Agricultura ponga más dinero», concreta Mallafré.
Más protestas a la vista
JARC ha planteado un ultimátum al consejero de Agricultura, Òscar Ordeig. De esta manera, la entidad propone una manifestación en Lleida donde ya prevén la participación de unas 1.000 personas. Si bien es cierto que los seguros agrícolas no son la única línea roja de la entidad sino también medidas fiscales efectivas y mayor acceso al financiamiento, ayudas solo para jóvenes, profesionales y EAP, y que en el plan de sequía, se fijen las mismas restricciones que en la industria. Es por eso, pues, que la protesta se hará durante una reunión entre el consejero y representantes del Consejo Nacional de JARC, que han dicho que si el consejero no plantea “compromisos concretos” a las medidas que son de su competencia directa, se pedirá su dimisión. Tanto Seco como Mallafré consideran que, ante la situación actual, también es necesario salir a la calle para expresar el malestar del sector y exigir cambios concretos. El miembro de Revolta Pagesa recuerda que «todo está en manos del Gobierno y de su predisposición a cambiar», por lo tanto, si no ven acercamientos por parte de la administración, estos recortes de los seguros podrían convertirse en la gota que colma el vaso. «Si el consejero Ordeig no se compromete a abordar las demandas específicas del sector en la reunión del 28 de febrero, habrá que exigir su dimisión», afirman desde JARC.
