El Departamento de Agricultura investiga 50 contratos susceptibles de haber comprado la uva por debajo del precio de costo y, por tanto, haber vulnerado la ley estatal de la cadena alimentaria 16/2021, según ha confirmado la misma consejería. Las investigaciones las lleva a cabo CadeCAT, una unidad de Agricultura que controla las relaciones comerciales de la cadena agroalimentaria en Cataluña. Las inspecciones comenzaron el pasado mes de agosto, según ha adelantado el diario ‘Ara’. Algunas de oficio y otras a raíz de las denuncias de agricultores, organizaciones agrarias y vitivinícolas y profesionales del sector.
El costo de producción de referencia, fijado por el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) y no vinculante, es de entre 53 y 56 céntimos el kilo, pero a mediados del pasado mes de agosto, ocho organizaciones agrarias ya denunciaron públicamente y de manera conjunta que algunos elaboradores ofrecían «precios muy por debajo» de estos de referencia.
Los denunciantes eran Unió de Pagesos, Asaja, JARC; las asociaciones de viticultores del Penedès y de Requena, la Comunidad de Agricultores y Ganaderos de Almendralejo, el Gremio de la Agricultura y la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña. En este comunicado conjunto, se criticaba que algunas bodegas pagaban un máximo de 30 céntimos por kilo y que, incluso, en algunos casos, las cifras se maquillaban hasta ofrecer solo 12 céntimos.
Por ahora, las diligencias -todas confidenciales- del CadeCAT se centran en solicitar documentación a cada uno de los investigados. En caso de que se abriera un expediente, los afectados podrían presentar alegaciones. Una vez resuelto y cerrado el expediente, si desemboca en multa, las sanciones previstas son de entre 250 y 3.000 euros por infracciones leves; de entre 3.000 y 100.000 euros por las graves y de entre 100.000 y un millón de euros por las muy graves.
Para evitar prácticas como las investigadas, los productores reivindican un observatorio oficial de precios, amparado por la ley de la cadena alimentaria, que establezca los precios mínimos de la uva de manera transparente y acusan al Gobierno de «falta de voluntad política» para llevarlo a cabo.
Protestas del sector
Precisamente, el sindicato agrícola Unió de Pagesos ha convocado mañana miércoles, 14 de octubre, una tractorada en Barcelona para garantizar la continuidad del sector y uno de los ejes centrales de la protesta es la denuncia de los abusos de la industria agroalimentaria y de la gran distribución.
El sindicato exige a las administraciones que intensifiquen los controles para evitar prácticas comerciales desleales, garanticen el cumplimiento de la normativa sobre precios y refuercen la vigilancia del etiquetado de origen y la trazabilidad de los alimentos.
La plataforma reivindicativa también incluye medidas para reducir los costos de producción, como la aplicación de el IVA reducido a los productos y servicios necesarios para la actividad agraria, tarifas eléctricas específicas para el regadío y un gasóleo profesional agrario con la mínima tributación permitida.
La protesta de los agricultores saldrá desde diferentes puntos de Cataluña y parte de los manifestantes llegarán en autobús a la capital catalana. La marcha incluye una concentración frente a la Delegación del Gobierno español, el Departamento de Agricultura y, finalmente, el Palau de la Generalitat. La Unió de Pagesos alerta de la pérdida continuada de profesionales agrarios. Según datos de la Seguridad Social recogidos por la organización, entre el 2000 y el 2026 el número de afiliados al sector agrario se ha reducido un 45,93%.
