De momento, nada de imputar en el caso del fraude de Reserva de la Tierra a las grandes cadenas de distribución que vendían sus botellas. El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha dictado una interlocutoria con que rechaza considerar como investigados a Lidl, Mercadona y Consum, así como sus directores de compras. El instructor considera que no hay ninguna prueba o indicio que participaran del fraude de manera voluntaria o dolosa. Es decir, que no estaban al caso que
El juez comparte así la opinión de los miembros de la Unidad Central de Consumo de los Mossos de Esquadra que han llevado a cabo la investigación. De momento, los policías no han encontrado indicios claros que apunten a una connivencia de las cadenas distribuidoras con el fraude. De hecho, en sus atestados, a los que ha tenido acceso Vadevi, destacan mensajes y quejas por la calidad del vino y exigencias a los responsables de venta de Reserva de la Tierra. De todas maneras, todavía quedan seis meses de instrucción -como mínimo- después de que la misma interlocutoria, el juez ha ordenado prorrogarla para poder tomar declaraciones a los imputados del caso y comprobar si necesita más pesquisas del caso.
«Completa investigación»
En la resolución, el juez interpreta que no se puede otorgar la condición de investigados a ninguna de las tres cadenas de supermercados ni a sus responsables de compras porque la «completa investigación de la fuerza policial instructora, no se ha encontrado ningún correo electrónico que nos indique de manera clara que los distribuidores sabían que estaban adquiriendo productos fraudulentos». Por lo tanto, la instrucción prevé que el fraude se limitaría a la venta al mayor y no a la venta al por menor de las botellas. De este modo, el juez limita los efectos y el grosor de posibles imputados.
Por otro lado, el juzgado Mercantil 1 de Tarragona ya ha empezado los trámites para cumplir los requerimientos del Juzgado de Instrucción número 3 para traspasar el expediente del concurso de acreedores de Reserva de la Tierra. Además, los administradores concursales preparan la documentación fiscal que reclama la investigación penal del caso.
