El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Terra Alta salió ayer al paso de la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción de Gandesa y la Fiscalía Anticorrupción por una presunta trama de fraudes en el uso de subvenciones por parte de esta entidad. La DO, en un comunicado, reclama presunción de inocencia no solo para los dos imputados del mismo organismo sino también para las “empresas colaboradoras”, en referencia a la agencia de comunicación Pcats que la Fiscalía sitúa en el centro de la trama.
La nota, que en ningún momento menciona a la Fiscalía Anticorrupción ni el registro del que fue objeto su sede por parte de los Mossos d’Esquadra, niega cualquier tipo de delito y atribuye la investigación a una denuncia presentada “por parte de una persona con varios litigios abiertos con el Consejo Regulador tras un conflicto personal con el conjunto de la entidad derivado de la petición de dimisión”. Aunque no lo cite, la DO se refiere claramente al antiguo presidente, Pere Bové.
La investigación judicial de momento mantiene a cinco personas imputadas -dos de ellas de la DO- por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y fraude en las subvenciones. En concreto, los dos investigados de la entidad son su secretario, Jordi Rius (a la vez alcalde de la Fatarella por el PSC) y una secretaria. El resto son la CEO de la agencia de comunicación Pecats, Sole García Insua, el director general del INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi), Joan Gené, y el jefe de servicios de secretaría, Francesc Xavier Agell.
Fue concretamente el director general, Joan Gené, quien ayer, en declaraciones a Vadeví, confirmó personalmente la investigación abierta y expresó su confianza en la justicia.
En cambio, desde la DO se quejaron de que este medio no contactara con las personas afectadas y destacaron que el Consejo Regulador ha aportado “toda la documentación requerida que demuestra la falsedad de las acusaciones”. Asimismo, lamenta que la publicación y difusión de la investigación “pueda generar una percepción de culpabilidad sobre las administraciones, las personas y las empresas identificadas”.
