La vendimia catalana continúa avanzando sin novedades con la posible subida del precio de la uva. Al inicio de la cosecha, Unió de Pagesos (UdP) alertaba que la voluntad de algunas empresas era pagar a precio de costo, es decir, sin beneficios para los agricultores, o incluso menos. Sin un precio obligatorio fijado por la administración pública y continuando con la ley del libre mercado, las empresas vitivinícolas tienen margen para comprar la uva al precio que decidan. Desde la patronal denuncian que muchas veces no se tiene en cuenta la supervivencia de los campesinos y alegan que sin ellos no habría vino. Aun así, los expertos aseguran que fijar un precio es una tarea complicada, sobre todo por las grandes diferencias que existen entre las explotaciones agrarias. De este modo, el sector de la agricultura se mantiene a la espera de recibir todos los detalles de las tablas de precios con la esperanza cada vez más débil de que la situación mejore y preparados para salir a las calles en caso contrario.
«Cualquier excusa es buena para rebajar el precio», lamenta Josep Marrugat, responsable nacional de la Viña y el Vino de UdP. Para el experto y también agricultor, algunas empresas se aferran a la escasa subida de producción de este año para pagar menos que el año pasado. La realidad de la vendimia de este año es que en prácticamente todas las DO ha habido un aumento de la uva, pero nadie considera que se haya llegado a la normalidad de antes de la sequía. Sin embargo, las tablas de precios que han recibido algunos agricultores recuerdan a las de antes de la crisis meteorológica catalana, lo que aprieta aún más a los campesinos que les preocupa no ganarse la vida este año. Además, para esta temporada parece que ya no habrá ayudas por la sequía, un hecho que pone más en tensión a los agricultores, porque aparte de vender a precios más bajos sin una productividad altísima, no recibirán ayudas por parte de la administración en el ámbito de crisis meteorológica. «No nos hemos recuperado del todo aún, pero tanto para el gobierno como para algunas empresas parece que sí», dice el experto. No solo eso, sino que Marrugat también recuerda que la situación de esta vendimia podría marcar un precedente y, por tanto, si los precios bajan con un aumento relativo de la producción, «los próximos años sufriremos», concluye.
Fijar un precio óptimo es una tarea complicada, ya que «las explotaciones agrarias tienen diferencias relevantes», describe Salvador Puig, coordinador de la Sección de Viticultura y Enología de la ICEA. En este sentido, la administración pública ha ido realizando estudios de referencia que determinan el precio de costo, pero sin ninguna fiscalización para aquellas empresas que no lo cumplen. También la misma ley de la Cadena Alimentaria es poco estricta con el precio, porque solo se exige que todos se ganen la vida, pero sin datos fijos para la compraventa de uva. Según el estudio elaborado por el CREDA y presentado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig el pasado mes de julio, algunos de los precios medios de la uva se sitúan en 0,58 €/kg. Esta cifra es inferior al costo efectivo de producción estimado para muchas pequeñas y medianas explotaciones de las zonas productoras, que se eleva por encima de 0,65 €/kg. En el caso del vino, el costo supera habitualmente 1,25 €/litro, lo que refuerza la necesidad de que los productores velen por preservar su rentabilidad y sostenibilidad económica ante posibles presiones a la baja de los compradores.
«La leyenda dice que las empresas compradoras se reúnen para decidir el precio de la uva», comenta Marrugat, quien ironiza con la idea de que esto ya no es una práctica real. En este sentido, los más señalados por la patronal son los espumosos, sobre todo los que hacen grandes volúmenes dentro de la DO Cava. «No es una diferencia clara, porque a veces por mucho que el precio del vino que compras sea más alto que otros, nadie te asegura que al agricultor se le pague más», dice Marrugat. Ahora bien, hay empresas como Raventós Codorníu, que ya han anunciado su tabla de precios para la vendimia de este año. En concreto, la empresa pagará por encima del precio de costo (0,72 euros el kilo), un dato que la patronal celebra. También desde la marca colectiva Corpinnat tienen escrito en su reglamento un precio mínimo que se debe pagar a los agricultores (0,92 euros el kilo) muy por encima del mínimo actual. «Queda claro que no son todas las empresas», dice el responsable nacional de la Viña y el Vino de UdP, a quien no le tiembla el pulso para señalar aquellas compañías que para él no tienen en cuenta la supervivencia de los agricultores: «Freixenet, Vallformosa y Juame Serra», dispara y añade que, por contra, «los pequeños elaboradores son los que normalmente mejor pagan».
Hablar de hectáreas no de kilos
Hay un claro desequilibrio entre lo que creen los agricultores que deben recibir y lo que pagan las bodegas. Para Puig, el precio «es un tema delicado» y reconoce que hay ciertas reflexiones que el sector debe hacer de manera conjunta. Primero que todo, el experto asegura que no se debe hablar de precio por kilo sino de ingresos por hectáreas. De este modo, Puig recuerda que el costo de una hectárea es de unos 4.000 euros, pero alerta que dependiendo de la zona «los rendimientos varían». Es por eso que cuando se habla de kilos se complica aún más la situación, ya que una misma hectárea en dos zonas diferentes puede producir cantidades de uva muy diversas: «En la DO Cava, por ejemplo, podemos tener rendimientos de entre 6.000 y 12.000 kilos por hectárea», reconoce Puig. Esta es una de las razones que expone el coordinador de la Sección de Viticultura y Enología de la ICEA para recordar que hay mucha complicación para poner cifras fijas, porque «aunque todos quieran pagar más del precio de costo, este es diferente para todos». Sin embargo, Puig reconoce que hay un desequilibrio y aboga por el diálogo y por superar estas complicaciones y fijar un precio de referencia mínimo «para que no haya tantas diferencias», insiste.
Un problema enquistado en Europa
Cataluña no es la única región en alerta por este desequilibrio de precios. La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha hecho un llamado urgente a los operadores del sector para que dejen de «malvender el vino por debajo de los costos de producción» en plena temporada de vendimia. Lorenzo Delgado, presidente de la entidad, alerta que los precios se han visto comprometidos por varios factores: el aumento de gastos -energía, combustible, impuestos, mano de obra, maquinaria- combinado con cosechas mucho más bajas que las habituales, sobre todo en zonas como La Mancha, La Rioja, Extremadura o Andalucía. Según AIVE, la menor disponibilidad de vino y mosto en bodegas y cooperativas ha sido impulsada por la caída de rendimientos en el estado español y también por una producción reducida en otros países como Francia e Italia. Delgado destaca que «queda poco vino y mosto almacenado» y que son muchos los agricultores que han dejado de vendimiar o han abandonado viña de secano por la falta de rentabilidad y las escasas ayudas al arranque definitivo. En lugares como Castilla-La Mancha ya se observan viñedos muy envejecidos, castigados por la sequía y las plagas. En medio de esta situación, AIVE confía en que los precios del vino suban aún más e insiste en que no se puede continuar vendiendo por debajo del costo de producción, porque «cada vez es más caro producir y se reduce de manera notable el margen de beneficio para el viticultor», dice Delgado.
En definitiva, el precio de la uva es una crisis latente en el sector vitivinícola catalán, pero también europeo. El precio de costo varía constantemente y el margen de maniobra de los agricultores es cada vez más pequeño. Las conversaciones en el sector a menudo se repiten campaña tras campaña, con la sensación de que no se avanza hacia una solución definitiva. El debate sobre si es necesaria una intervención pública más estricta o dejar que sea el mercado quien regule los precios divide actores y opiniones. Mientras los agricultores reclaman precios justos para garantizar su supervivencia, muchas empresas continúan fijando tablas de compra que no cubren ni siquiera los gastos básicos. Es por eso que sin una solución clara, ni la capacidad de fijar un precio más allá de las referencias de la misma administración pública, el futuro de los viticultores es y continuará siendo incierto.
