Junts per Catalunya ha tomado medidas en el Parlamento de Cataluña a raíz de la investigación judicial que lleva a cabo Anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones y fondos públicos vinculados al Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Terra Alta. El grupo parlamentario de Carles Puigdemont ha registrado una batería de preguntas que requieren respuesta por escrito dirigidas al Gobierno para fiscalizar la gestión del ejecutivo en este caso, en el cual figuran como investigados, entre otros, el director general y el jefe de servicio de secretaría del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), Joan Gené y Francesc Xavier Agell, respectivamente.
Según recoge la iniciativa parlamentaria presentada este jueves y como destapó este diario, la causa judicial tiene su origen en las anomalías de naturaleza económica detectadas durante una auditoría sobre la gestión financiera de la misma DO Terra Alta. Ante la gravedad de los hechos y la vinculación de cargos del organismo público dependiente de la Generalitat, el grupo parlamentario exige transparencia absoluta al ejecutivo de Salvador Illa para aclarar el calendario y el alcance de las actuaciones llevadas a cabo por la administración hasta la fecha.
Calendario e investigación interna
En el texto de las preguntas, al que ha tenido acceso Vadevi, Junts reclama saber la fecha exacta y el medio por el cual el Gobierno tuvo conocimiento de estas presuntas irregularidades económicas y de la apertura de diligencias judiciales. Asimismo, solicita un desglose detallado de todas las iniciativas y actuaciones ejecutadas por el departamento competente y por el INCAVI desde el momento en que se hizo evidente la situación. Paralelamente, el principal grupo de la oposición pone el foco en la gestión de oficio de la misma Generalitat y pregunta directamente si «el Gobierno de la Generalitat ha abierto alguna investigación interna a raíz de las presuntas irregularidades relacionadas con el Consejo Regulador de la DO Terra Alta». En caso de haberse abierto, Junts requiere conocer «el alcance de esta investigación y qué actuaciones se han llevado a cabo».
Asimismo, los de Junts preguntan si la Generalitat o cualquiera de sus departamentos, entidades u organismos públicos han mantenido alguna relación contractual o económica con la agencia de comunicación Pcats -implicada en el caso- en los últimos cinco años, y exigen el detalle exhaustivo de contratos, servicios prestados, importes y entes contratantes, en caso de existir vinculación. De hecho, esta agencia de comunicación es el epicentro de la investigación, ya que puede haber indicios de apropiación de fondos públicos con la connivencia de varios cargos institucionales, ahora investigados.
Junts va más allá de la DO Terra Alta
La fiscalización de Junts no se limita únicamente al ámbito de la DO Terra Alta, sino que busca determinar si se trata de un hecho aislado o si el patrón podría haberse repetido en otros puntos del sector vitivinícola catalán. Por este motivo, la iniciativa pide explícitamente si el Gobierno tiene constancia de anomalías similares en cualquier otra denominación de origen de Cataluña y qué acciones se habrían emprendido en estos escenarios.
