La sostenibilidad se considera uno de los pilares esenciales del campo europeo. Actualmente, las ayudas se reparten entre los agricultores que creen firmemente en hacer su trabajo pensando en la ecología. Sin embargo, las exigencias verdes de la Comisión Europea para recibir ayudas han sido cada vez más duras, complicando la llegada de algunos agricultores al final de los trámites. Es por eso que la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período del 2028 se presenta con una flexibilización de esta burocracia, con normas sostenibles más accesibles para todos, sin tantos pasos a seguir y con más facilidades. Una victoria agridulce para el sector vitivinícola, ya que la retirada de los trámites también se quiere traducir en una disminución del presupuesto, lo que repercute directamente en la salud empresarial de los pequeños agricultores. Una situación con «margen de cambio» según explica el presidente de la Asociación Vinícola Catalana, Eugeni Llos, quien aunque no niega que los recortes puedan ir en contra de lo que lucha su entidad, es decir, «la viabilidad de las empresas vitivinícolas», mantiene que en términos generales la PAC cumple todo lo que el sector vitivinícola necesita.
Si bien es cierto que el recorte de las ayudas ha sido un golpe fuerte para todo el sector agrícola catalán, algunas organizaciones del mundo del vino en Cataluña no ven con malos ojos esta primera propuesta para 2028. La realidad es que en términos de sostenibilidad, «se considera fundamental impulsar todas aquellas medidas que contribuyan a mitigar sus efectos y a adaptar las explotaciones vitivinícolas a este nuevo contexto», describe Llos. Unos objetivos que -según deja entrever el mismo presidente de la Asociación Vinícola Catalana- la nueva PAC tiene muy presentes. De esta manera, Llos permanece a la espera de que se avance con el texto y haya más detalles sobre la flexibilización de la normativa y su aplicación, pero en términos generales celebra que más agricultores puedan acceder a una nueva política que cumple con todas sus reclamaciones: «La defensa y el apoyo a los viticultores, el reconocimiento de su trabajo, la viabilidad económica de las explotaciones, la promoción y la protección de nuestros vinos, el impulso a las inversiones y la atención a las medidas medioambientales, entre otras», menciona.
La otra cara de la moneda, sin embargo, sigue causando problemas a buena parte del campo catalán. De hecho, menos de un día después de que la Comisión Europea presentara su propuesta presupuestaria para la Política Agraria Común durante el período 2028-2034, las calles de Bruselas ya estaban llenas de tractores y pancartas. Las organizaciones agrarias de todo el continente, indignadas con un recorte que supera el 20% de los fondos destinados a la PAC, señalaron directamente a Úrsula Von der Leyen como responsable de «enterrar» el futuro del campo europeo. Lejos del optimismo de Llos, buena parte del sector ve esto como un golpe a la supervivencia del mundo agrícola. En otras organizaciones agrícolas, este nuevo presupuesto llega como un jarro de agua fría, incluso cuando hablan del sector vitivinícola, ya que con la caída del consumo mundial esperaban más que nunca acceder a más ayudas. «No es la primera vez que vemos a Europa bajarse los pantalones», explica Santi Vives, técnico de Unió de Pagesos. En una conversación con Vadevi, el representante de la patronal asegura que la negociación de los aranceles con Donald Trump fue la primera vez que la Unión Europea sucumbió a las exigencias de terceros sin centrarse en sus viticultores y «esta nueva PAC vuelve a hacernos daño a nosotros», reconoce.
Una normativa verde, pero flexible
La ecología es una parte clave en el desarrollo de prácticas agrícolas, sobre todo en el sector de la viticultura catalana. Este año, la DO Penedès se ha convertido en el primer territorio en obtener una vendimia 100% ecológica. Esta es la muestra principal de la importancia que tiene la sostenibilidad dentro del sector. Ahora bien, esta ecología también ha ido cambiando con los años y la actual PAC admite que la rigidez de algunas normas había dejado fuera de las ayudas a explotaciones que podrían haber cumplido unos requisitos ecológicos, pero más laxos. En concreto, este año se busca modificar los ecorrégimenes, los instrumentos de la PAC que fomentan las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. En otras palabras, a cambio de adoptar medidas que mejoren la biodiversidad, protejan el suelo o ayuden a luchar contra el cambio climático, los agricultores pueden recibir una compensación económica. La primera afecta a la cobertura vegetal en cultivos leñosos -como viñas, olivos o frutales-: antes era obligatorio que, en verano, la vegetación ocupara al menos el 20% del espacio libre bajo la copa de los árboles, una exigencia complicada en zonas con sequía, riesgo de incendios o costos elevados de mantenimiento. Ahora esta condición desaparece, y es el mismo agricultor quien decide cómo gestionar la cubierta vegetal.
La segunda modificación se refiere a los espacios de biodiversidad en explotaciones mixtas, es decir, aquellas que combinan tierras de regadío, secano o cultivos permanentes, como es la viña. Hasta ahora, el porcentaje de superficie destinada a biodiversidad variaba según el tipo de cultivo, lo que hacía más compleja la gestión. A partir de ahora, se establece un porcentaje único del 7% para todas las fincas mixtas, lo que simplifica notablemente los cálculos y su aplicación. En resumen, los agricultores ganan margen de maniobra a la hora de cumplir los ecorrégimenes con normativas mucho menos problemáticas y con una sustancial reducción y flexibilización de la burocracia a presentar. «Medidas ambientales más flexibles es uno de los pilares fundamentales de la nueva PAC», admite Vives, quien insiste, sin embargo, en el hecho de que la reducción de ayudas puede jugar en su contra.
La explotación laboral contra la ecología
La importancia que se le da en el campo catalán a la ecología a veces hace que otras partes del sector queden enterradas. Desde hace años, los sindicatos exigen que se tenga tanto cuidado de los trabajadores como se tiene de la necesidad de mantener los procesos ecológicos. En una conversación con Vadevi, la representante de la UGT-FICA en el sector agropecuario, Alícia Buil lamenta que la política comunitaria europea “enfatiza más la parte ambiental de la regulación que la laboral”. En este sentido, la sindicalista asegura que se siguen dando ayudas de Europa a empresas que «no cumplen con la normativa a escala laboral», pero esto pasa desapercibido. Es por eso que desde el sindicato piden más fiscalización y mantienen que la PAC no tiene en cuenta a los trabajadores. En otras palabras, desde Europa se centran más en tener productores ecológicos que en campos sin explotación laboral. «Nuestras demandas no cambian: queremos más visibilidad de la vulnerabilidad de los trabajadores», explica Buil, quien recuerda que «hay un menosprecio de los trabajadores».
Arrancar, replantar, sobrevivir
Otro de los puntos que podría traer esta nueva Política Agraria Común es el cambio en la ayuda para la replantación de viña. El mes de marzo, Europa aprobó una nueva ley para ampliar los plazos de plantación de la viña. En concreto, la nueva norma permitía aumentar los años entre el arranque de una viña y la presentación de una solicitud de replantación. Este año, esta nueva medida se aplica a unas 1.200 hectáreas de viña en Cataluña, y cada año, alrededor de un millar de plantaciones podrán disfrutar de este aumento del plazo. Gracias a esta ampliación, los agricultores pueden tener más libertad para decidir cómo replantar sus terrenos. Mientras la norma ya se aprobó, la PAC debía validar esta nueva medida como óptima para sus ayudas, lo que parece que podría suceder en 2028. En este sentido, los agricultores que necesiten replantar podrán presentar la solicitud cumpliendo los requisitos de acuerdo con la nueva ampliación.
Una victoria, ya que para el sector vitivinícola que después de años de lucha se libera de la rigidez de una normativa que en el momento actual -donde no hay excedente de uva en grandes cantidades- podía poner en peligro la viabilidad de las explotaciones. No obstante, estas posibles ayudas para la replantación entran dentro del paquete de la Intervención Sectorial Vitivinícola, uno de los que posiblemente serán «más castigados por los duros recortes», lamenta Santi Vives de UP.
