La sostenibilidad y la ecología son el camino a seguir para las bodegas y viticultores catalanes. La adaptación de los viñedos al cambio climático es clave para su supervivencia, así como la implementación de metodologías más beneficiosas para el medio ambiente. Sin embargo, cambiar y reconstruir estos cultivos no es un objetivo sencillo, y sobre todo no es barato. Es por eso que desde Europa se otorgan diversas ayudas a repartir entre viticultores y bajo la atenta mirada del Gobierno para hacer esta transición hacia prácticas menos contaminantes, sin que los agricultores pierdan buena parte de sus ingresos en el camino. En concreto, este jueves el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha comunicado que ha efectuado pagos complementarios de las campañas correspondientes a las solicitudes de ayudas a la reestructuración y/o reconversión del viñedo de los años 2023 y 2024 por 804.945 euros a un total de 156 viticultores.
Según ha explicado la administración en un comunicado este jueves, el importe total es la suma de las campañas de 2023 y 2024 en las cuales los beneficiarios y las ayudas han cambiado de un año a otro. De esta manera, en 2023 el número de personas beneficiarias de estas ayudas para hacer más sostenible el cultivo del viñedo en Cataluña fueron 90. Para este grupo de personas se abonó una dotación de 415.152 euros. En cuanto al año siguiente, el número fue menor, solo 66 personas se beneficiaron de estas ayudas, que ascendieron hasta los 389.793 euros. Con todo, pues, el abono pagado este febrero de 2026 es de un total de 804.945 euros y ha abonado la reestructuración y reconversión del viñedo a 156 agricultores. Tal como ha anunciado el departamento, «con estos pagos complementarios se ha abonado un total de 4.375.974,71 euros de la campaña 2023 y un total de 3.387.071,94 euros de la campaña 2024». En estas cifras se tienen en cuenta otros paquetes de ayudas que se han ido abonando durante los dos años, aunque en el comunicado el departamento no especifica cuáles.
La viña tiene un papel principal en la PAC
La Política Agraria Común para los próximos años tiene muy en cuenta los problemas que ha ido cargando el sector vitivinícola durante los últimos años. Por este motivo, el Plan de apoyo al sector vitivinícola (PASVE) se ha integrado al nuevo Plan estratégico de la PAC 2023-2027 (PEPAC) como intervención sectorial vitivinícola (ISV), que tiene un financiamiento 100% de la Unión Europea. Tal como se establece en el PEPAC, el objetivo de estas ayudas sectoriales es paliar las debilidades detectadas en el sector vitivinícola para adaptarlo al cambio climático y hacerlo más sostenible. A la vez se quieren modernizar las explotaciones vitícolas y las bodegas. De esta manera, unas instalaciones y cultivos más respetuosos con el medio ambiente también están más preparados para poder superar las diferentes crisis meteorológicas que puedan ir pasando.
Precisamente entre todas estas medidas de la intervención sectorial vitivinícola, están las actuaciones previstas en la ayuda a la reestructuración y/o reconversión del viñedo, que, además de mantener los objetivos de períodos anteriores de reforzar una estructura vitivinícola competitiva, y favorecer la modernización de las explotaciones vitícolas y la adecuación varietal a las nuevas tendencias del mercado, incorpora la exigencia de favorecer una producción más sostenible, y añade a sus objetivos la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio climático, la mejora de la sostenibilidad de los sistemas y procesos de producción, la reducción de las consecuencias medioambientales en el sector vinícola, y el ahorro y la eficiencia energéticos. Paralelamente a estas ayudas -según ha descrito el mismo comunicado del departamento- con la intervención sectorial vitivinícola también se intensifica la promoción de productos vitícolas a terceros países para dar salida a la producción, y la destilación de subproductos permite continuar contribuyendo a la retirada ordenada y sostenible.
Fórmulas para paliar crisis del vino
Este abono para que las empresas puedan hacer sus cultivos más sostenibles no es la única de las medidas que se ponen en marcha con el dinero de Europa para mejorar la salud de los agricultores y bodegueros catalanes. En este sentido, una docena de bodegas catalanas de la DO Catalunya y la DO Terra Alta pidieron a los consejos reguladores la posibilidad de destilar el excedente de vino tinto que tenían almacenado. Una petición que en el último mes de 2025 recibió la aprobación, acompañada de la apertura de una línea de ayudas públicas de 1,5 millones de euros para deshacerse de estos vinos tintos sin costos adicionales. Las ayudas cubrieron 53,20 euros por hectolitro de vino tinto y estos se enviaron a empresas destiladoras de productos vitivinícolas con instalaciones en Cataluña que transforman vino en alcohol, es decir, para usos industriales o energéticos, incluyendo la fabricación de desinfectantes o productos farmacéuticos, a fin de garantizar que no haya distorsiones en el mercado de consumo.
La siguiente medida que se ha puesto en marcha, aunque esta aún está pendiente de ciertas aprobaciones burocráticas, es la cosecha en verde, una medida de crisis que se aplica con el objetivo de paliar las dificultades del sector vitivinícola catalán, afectado por perturbaciones del mercado que han tenido incidencia en las ventas durante las últimas campañas. En otras palabras, si hay más uva de la que se puede comprar, el precio de esta baja, como indica la ley de la oferta y la demanda. Es por eso que esta técnica consiste en la destrucción o eliminación total de la uva aún inmadura en parcelas destinadas a la producción de uva para vinificación únicamente, con el objetivo de reducir la producción y contribuir a recuperar el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola.
