Las ayudas gubernamentales al sector vitivinícola siempre han intentado ser un impulso para la mejora y crecimiento de las empresas del sector. Sin embargo, las listas de empresas que logran optar a ciertas líneas de ayudas -sobre todo aquellas organizadas desde Europa- están llenas de grandes productores y bodegas y pocas pequeñas y medianas empresas. Los requisitos para acceder a algunas ayudas y también los recursos que deben invertir las compañías para justificar la inversión acaban siendo un trabajo tedioso que, en caso de tener un equipo reducido, se convierte en una montaña de papeleo imposible de escalar. Además, con los años las ayudas se han ido concretando y dan menos margen a las empresas, ya que exigen condiciones muy específicas y resolver problemas concretos, los cuales muchas veces no se alinean con las necesidades empresariales de algunas bodegas. Así pues, las grandes marcas de vinos catalanas reconocen la efectividad de estas líneas de ayuda, mientras los pequeños las ven de lejos, con una clara barrera burocrática que les mantiene alejados de recibir dinero público para mejorar sus infraestructuras.
«Veo muy complicado que las empresas pequeñas puedan aplicar a las mismas ayudas que aplicamos nosotros», explica Adela Capdevila, responsable de sostenibilidad de la bodega Albet i Noya. Aunque la trabajadora asegura que la bodega tampoco es tan grande, reconoce que el trabajo que conlleva aplicar a ciertas ayudas puede costar días y «no es accesible para empresas que no pueden dedicar horas», lamenta. Esta no es una opinión aislada, al echar un vistazo a la lista de beneficiarios de la última línea de ayudas específicas del gobierno catalán al sector, se puede ver cómo buena parte de la treintena de empresas que la han recibido, tienen un tamaño considerable. En concreto, Tomàs Cusiné, propietario de la bodega Castell del Remei recuerda que aunque hayan ganado esta línea de ayudas, desde principios de año «nos han rechazado ya dos propuestas». Una situación que si se perpetúa en bodegas de mediano y gran tamaño, es mucho más probable que no llegue a los pequeños.
Uno de los principales conflictos que hay en el acceso a estas líneas de ayudas es su concreción. Cusiné reconoce que hay momentos en los que la especificidad de algunos requisitos deja fuera a muchas empresas. Si bien es cierto que el propietario de Castell del Remei no niega que se necesiten normas concretas, menciona que las líneas gubernamentales que van ligadas a estas ayudas no siempre se traducen en las necesidades reales de las bodegas que aplican. En otras palabras, las ayudas concretas pueden no ir en la dirección que busca la empresa. Cusiné también recuerda que en muchos momentos se pide mucha «innovación», una palabra que -a su parecer- cuesta encontrar en el mundo del vino «donde todo está inventado»: «Te encuentras poniendo excusas para argumentar el porqué de tu aplicación a la ayuda», lamenta el bodeguero. Capdevila, en cambio, explica que desde Albet i Noya saben que hay algunas ayudas a las que no podrán acceder y, por lo tanto, «ya no las solicitan». Aun así, confiesa que la bodega penedesenca «tiene la capacidad para hacerlo» y añade que «hay otras que no pueden», ya que necesitan ayudas para mantener la producción al día o incluso cumplir con las normativas actuales.
El papeleo también se convierte en un conflicto en este sector. Como es evidente, toda línea de ayudas necesita un largo documento de justificación, no solo por orden del gobierno catalán sino también europeo. Es por eso que la burocracia es una parte esencial de estas ayudas, una situación que tal como relata Capdevila «deja fuera a muchas empresas». La trabajadora de Albet i Noya se pone de ejemplo y confirma que ella misma ayuda a dos agricultores a acceder a ciertas líneas de ayudas, ya que se les hace complicado «si no tienen mucho tiempo ni saben cómo funciona». Ahora bien, Capdevila también expresa que se presiona mucho desde Europa para que las justificaciones sean muy claras y admite que «con los años se han vuelto más estrictas». Esta combinación de burocracia y concreción se convierte en un muro de piedra para ciertas empresas, que sin los recursos para presentar solicitudes a tiempo, se ven obligadas a renunciar a ciertas líneas.
Ayudas más igualitarias
Las ayudas al sector vitivinícola se dividen entre las líneas para agricultores y las líneas para bodegas. Esta división permite que los campesinos puedan tener sus vías y no acceder a los mismos lugares que las empresas vitivinícolas. Para Cusiné, del Castell del Remei, esta separación no siempre juega a favor de aquellas bodegas que también tienen producción propia, es decir, viñedos. «No podemos acceder como empresas», lamenta el bodeguero. Él mismo asegura que los agricultores necesitan las ayudas y que es necesario invertir mucho más en la supervivencia del campo, pero lamenta que «no haya un acceso igualitario». En este sentido, recuerda que en las ayudas a bodegas «hay mucha competencia» e insiste en que tienen los mismos problemas en el campo que los campesinos, pero las ayudas son bien diferentes: «Nos sentimos discriminados a nivel agrícola», comenta.
Unas ayudas que giran en torno a la sostenibilidad
La última línea que ha abierto el gobierno catalán gira en torno a la sostenibilidad. Terminadas ya las ayudas por la sequía, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética son las nuevas prioridades gubernamentales, así como la promoción y comercialización en otros países. La semana pasada, el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación resolvió la semana pasada la tercera convocatoria de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), con una dotación de 3,6 millones de euros destinada a financiar proyectos de inversión de 29 empresas catalanas. Estas ayudas, incluidas en el Plan estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 (PEPAC) y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), cubren hasta el 40% de los gastos subvencionables y permiten impulsar la modernización de las instalaciones de transformación, la mejora de los procesos de vinificación y la eficiencia energética.
«Con estas ayudas haremos una instalación de placas fotovoltaicas flotantes dentro de una balsa que tenemos en la finca, una prensa vertical y una climatización de las cavas históricas», explica Roc Gramona, director técnico de Gramona, bodega ganadora de esta línea. Para ellos, la sostenibilidad hace años que tiene gran importancia en su manera de cultivar y al ser una bodega con suficientes recursos, destinan buena parte de lo que hacen a la constante mejora de sus equipamientos: «Hace dos años que nos presentamos y casi siempre conseguimos las ayudas porque somos muy meticulosos«, relata Gramona. Lo mismo pasa con Albet i Noya, también ganadores de la ayuda. Tal como explica Martí Albet, quinta generación de la bodega, utilizarán estas ayudas para soterrar una parte de su almacén para hacer una cava con mucha más capacidad. «Servirá para dejar de envejecer el espumoso con aire acondicionado», ironiza Albet, quien reconoce que estas líneas de ayudas relacionadas con la eficiencia energética son esenciales para «mejorar la calidad».
En definitiva, las ayudas gubernamentales son clave para el crecimiento de las empresas vitivinícolas catalanas, pero algunas son muy limitantes. Mientras empresas con recursos invierten todo lo que pueden en mantener una línea sostenible y mejorar sus empresas, los pequeños sobreviven con cambios más reducidos, que a veces no se consideran suficientes para obtener el dinero. El gobierno catalán mantiene su posición y concreta que «hay compromiso» con la supervivencia del sector. No obstante, las desigualdades en el mundo del vino entre pequeños y grandes elaboradores también se cuelan en las líneas de ayudas, sea por demasiada burocracia, por concreción o por las largas justificaciones que exige Europa. «En un mundo idílico no existirían las ayudas», relata Capdevila quien, a pesar de ser de una de las empresas ganadoras, afirma las desigualdades que crean.
