Etiquetas sencillas, mayor flexibilidad burocrática, cambios en las normas de comercialización y ayudas a la promoción son la base del nuevo paquete de mejoras que el Parlamento Europeo ha aprobado para el sector vitivinícola. La crisis de los últimos años que ha afectado al sector en toda Europa ha sido lo suficientemente fuerte como para llegar a un consenso para hacer mejoras estructurales que buscan estabilizar el mercado. Cataluña no es ajena a este llamado Wine Package y diversas fuentes del sector confirman a Vadevi que la recepción es muy positiva. La gestión de nuevas ayudas y nuevas formas de hacer para intentar revalorizar el vino del país eran algunas de las demandas constantes de un sector que, después de haber sufrido durante años, empieza a ver la luz al final del túnel.
«Valoramos positivamente este acuerdo», afirman desde el INCAVI, pero también desde la Asociación Vinícola Catalana y la patronal del cava, AECAVA. Bruselas ha puesto sobre la mesa todo lo que tambaleaba en el sector, desde las inyecciones de dinero a proyectos de promoción, hasta la facilitación de arrancar y replantar viñedos. La propuesta ha salido adelante en la Eurocámara por amplia mayoría -625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones- tras el pacto provisional sellado el 4 de diciembre del año pasado para responder a los desafíos que atraviesa el sector y facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales.
El texto introduce más flexibilidad financiera para que los productores ajusten la oferta a la evolución del mercado y puedan reaccionar ante crisis provocadas por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o brotes de enfermedades vegetales, y amplía el uso de fondos europeos para medidas de gestión del potencial productivo. En este sentido, los imprevistos siempre habían estado cubiertos, pero el constante empeoramiento de la situación lleva a Europa a ampliar estas inyecciones de dinero para lograr llegar a más agricultores y bodegueros apretados por complicaciones que no tienen nada que ver con su capacidad de producción. Para Eugeni Llos, presidente de la AVC, esta es una de las medidas «relevantes para reforzar la competitividad y la capacidad de adaptación del sector vitivinícola en un contexto marcado por el cambio climático, la volatilidad de los mercados y la evolución de los hábitos de consumo». En concreto, se permitirá destinar estos recursos a la arrancada permanente de viñedos, a la destilación de crisis y a la cosecha en verde, y se fija en el 25% el límite máximo de financiación nacional que cada estado miembro podrá dedicar a estas actuaciones sobre el total de fondos disponibles.
También la promoción y comercialización del vino juegan un papel clave en este nuevo paquete, sobre todo a través del enoturismo, que ha demostrado ser una pieza clave para la financiación de las bodegas. «El turismo del vino es indispensable», reconoce Joan Gené, director del INCAVI. De esta manera, el texto asegura que las actividades de información y promoción –como campañas publicitarias, participación en ferias o estudios de mercado– podrán recibir hasta un 60% de financiación comunitaria. Un porcentaje que, según señala la Eurocámara en un comunicado recogido por Europa Press, podrá incrementarse con aportaciones nacionales de hasta el 30% en el caso de pequeñas y medianas empresas y del 20% para las más grandes, y las ayudas podrán concederse durante un período inicial de tres años prorrogable en dos ocasiones, hasta un máximo de nueve años.
El alcohol, en el centro del debate
La medida más polémica que podría crear más fricciones en el sector es el nuevo etiquetado de los vinos sin alcohol. Los cambios en las normas de comercialización permitirán, entre otras novedades, etiquetar como «sin alcohol 0,0%» los vinos con menos del 0,05% de graduación. El nuevo texto de Bruselas destaca que los productos con una graduación inferior al 0,05% podrán identificarse como «sin alcohol 0,0%», mientras que aquellos que tengan más de un 0,5% pero, como mínimo, un 30% menos de contenido alcohólico que el estándar de su categoría deberán comercializarse como «reducidos en alcohol». A pesar de ser medidas que solo buscan la «simplificación de la etiqueta para el consumidor», tal como lo describe el director del INCAVI, la realidad es que abren la puerta a una tipología de elaborados que no siempre están bien vistos. Aun así, Gené explica que «todavía queda camino por recorrer» y, por tanto, que los vinos desalcoholizados no sean el producto más querido en la actualidad no significa que no puedan hacerse su lugar con el tiempo: «Ya veremos lo que pasará, pero de momento valoramos muy positivamente que se haya dado un paso para simplificar la información que reciben los consumidores», responde Gené.
Una oportunidad para nuevas estrategias
Todas estas nuevas medidas no llegan con una clara línea de acción. Tal como afirma el director del INCAVI, «tocará plantear una nueva estrategia de ayudas». En este sentido, Bruselas pretende unir todas las líneas de ayudas en un solo paquete, lo que hace que la manera de acceder a estas inyecciones de dinero o convocatorias públicas sea más sencilla para los afectados, pero a la vez exige una nueva estrategia unificada: «Todo irá al mismo lugar y nosotros debemos encontrar una manera de administración a medio plazo», concreta Gené, quien a pesar de aceptar que son unas medidas necesarias y positivas no dejan de ser un cambio que necesitará una nueva gestión. También desde la patronal del cava, su presidente, Joaquim Tosas, afirma que la normativa no es la única línea de acción que se debe aprobar y cumplir. Para Tosas, hay una clara necesidad de continuar apostando por tratados de libre comercio como el Mercosur, con el cual, a pesar de no ser el preferido del sector agroalimentario, «los vinos pueden ganar mucho con su puesta en marcha».
Sin embargo, ni el director del INCAVI ni Tosas ponen en duda que, con el nuevo conjunto de medidas, la normativa busca adaptar el marco regulador a la evolución del consumo y a las nuevas demandas del mercado, en un contexto marcado por la caída de la demanda en algunos estados miembros y el impacto creciente del cambio climático en la producción.
