La sequía ha sido una de las principales causas de la pérdida de producción de los viticultores. En los últimos años, la falta de lluvias ha dañado un ecosistema que ya tenía defectos y ha evidenciado aún más los conflictos con el precio del trabajo del campesinado catalán. A todo esto se ha sumado el aumento del precio de la energía debido a la guerra de Ucrania, una combinación catastrófica que ha terminado por desanimar a los trabajadores del campo en Cataluña. El año termina, pues, con una nueva ronda de ayudas a todos aquellos que han sufrido los estragos de la sequía, una inyección de dinero para los agricultores que organizaciones y sindicatos han luchado hasta el final. Antes del 31 de diciembre de este 2024, los viticultores -igual que todos los demás trabajadores del sector- recibirán su paquete de ayudas directas, sin necesidad de realizar trámites. No obstante, Unió de Pagesos celebra la victoria con la boca pequeña y preparan la trinchera para continuar luchando por los derechos de los campesinos, no solo en situaciones extremas como el cambio climático, sino en general: «Es necesario asegurar la continuidad del campesinado profesional catalán», replican en uno de los últimos comunicados del año.
El gobierno catalán hace efectivo el pago de las ayudas al campesinado este viernes. En total se han aprobado 24.482 expedientes, por un importe de 66.517.384 euros de ayuda y una superficie auxiliable de 351.989 hectáreas. Las peritaciones han sido realizadas por la misma administración que ha inspeccionado y catalogado las explotaciones agrícolas para repartir el dinero. El viñedo ha sido uno de los sectores más afectados por la sequía y los viticultores catalanes reciben este viernes un total de 18.339.651 euros, repartidos en 3.782 explotaciones y con un total de 40.754,78 hectáreas. La cantidad que se ha destinado al viñedo es la segunda más alta de todo el sector agrario catalán, solo superada por los más de 28 millones de euros que se destinarán a los cereales de invierno, oleaginosas y/o leguminosas. “El departamento ha cumplido con el acuerdo alcanzado con el sector: las ayudas se han pagado antes de terminar el año y se han otorgado sin necesidad de realizar ningún trámite», aseguraba el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig en un comunicado remitido a Vadevi. En definitiva, pues, una línea de ayudas muy necesaria que -aunque se quede corta según los sindicatos- da un impulso más a la recuperación del sector.
La primera palabra sobre la necesidad de ayudar a los campesinos con la sequía la tuvo Unió de Pagesos, que impulsaron las diversas reuniones con el departamento que han llevado a la aprobación de estas ayudas. El sindicato comenzó a trabajar estas medidas con el Gobierno de la Generalitat en funciones, pero ha sido la administración de Illa quien las ha terminado desbloqueando. Este paquete, pues, consta de diversas partes, dependiendo del subsector y sus necesidades específicas, ya que no es lo mismo el cultivo de las viñas que el fruto seco. Si se desglosan los datos que ha puesto sobre la mesa el departamento, los viticultores se llevan 450 euros por hectárea, la cifra que Unió de Pagesos pactó al finalizar las negociaciones, bajo la premisa de que fueran ayudas para «reestructurar el potencial productivo afectado por desastres naturales y adversidades climáticas puedan alcanzar el 100%». Esta ayuda, pues, cofinanciada por el FEADER, se incluye en la modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) del Estado español 2023-2027 y que el anterior Gobierno catalán tramitó ante el Ministerio de Agricultura y que ya fue aprobada por la Comisión Europea.
Las DO renuncian a la producción
La producción de uva ha caído en picado este 2024. Muchas Denominaciones de Origen comenzaban sus comunicados de balance de la vendimia con la misma frase: «falta de producción». Los últimos resultados que ha publicado la DO Montsant y ha remitido a este diario confirman que los viticultores de la región han perdido la mitad de su cosecha en comparación con los últimos años y un 20% respecto al 2023. Lo mismo exponía la DO Tarragona en su último comunicado a la prensa, donde aunque no decían la cantidad exacta de kilos que habían perdido, apuntaban a una caída histórica. La realidad, pues, es que las regiones de viñedos viven amenazadas por esta falta de agua y aunque en muchos casos se ha hablado de una uva de mucha más calidad que en vendimias anteriores, la supervivencia de todos los viticultores del sector se pone en duda.
Precisamente, por esta necesidad de continuar ayudando al campesinado, los sindicatos han aportado algunas exigencias más al Gobierno. En concreto sobre el viñedo, Unió de Pagesos reclama unas ayudas especiales para la DOQ Priorat, una de las más afectadas por la sequía. De hecho, casi 2 millones de euros de los que la administración de Illa destina al viñedo son para esta región, con un total de más de 700 expedientes aprobados y una extensión de unas 5.000 hectáreas. Es por eso, que continúan las conversaciones con Ordeig para activar más ayudas al campesinado. Entre ellas hay «una ayuda adicional y selectiva para los viñedos más afectados por la sequía y que incluirá especificidades productivas como las de la Denominación de Origen Calificada (DOQ) Priorat«.
Una lucha activa por los derechos de los campesinos
Las líneas de ayudas directas son un primer paso para acercar al campesinado a una posición suficientemente cómoda para avanzar, pero desde Unió de Pagesos remarcan que hay que hacer mucho más. Desde la misma organización afirman que continuarán trabajando para lograr herramientas que cubran las necesidades reales del campesinado afectado por adversidades climáticas. En las elecciones europeas pasadas, la entidad ya dio un primer paso para acercarse a las formaciones políticas para cambiar la normativa actual, ya que consideran que «impide articular las coberturas necesarias para poder asegurar la continuidad y la viabilidad de las explotaciones afectadas por adversidades climáticas». Según el sindicato, estas normativas restrictivas hacen que se tengan que articular medidas que funcionan como un mal menor, como es el caso de las logradas en los años 2023 y 2024. «Esto implica que la Generalitat de Catalunya no pueda superar las exigencias normativas vigentes, consideradas por el sindicato como desproporcionadas y discriminatorias por parte de la Unión Europea», confirman en un comunicado.
