Las pesquisas judiciales continúan en el caso Terra Alta, sobre las irregularidades del Consejo Regulador de la Denominación de Origen que se siguen en el Tribunal de Instancia 1 Sección de Instrucción de Gandesa. Una primera jornada de indagaciones celebrada este viernes y que, según fuentes conocedoras del caso, tuvo ciertos puntos de tensión entre las partes por la voluntad del letrado de la Generalitat de intervenir en la defensa del director general y del jefe de servicio del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), ambos imputados en la investigación.
Por otro lado, también compareció en sede judicial la actual presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Rosa Caballé. Una comparecencia obligada en el entendido de que debía responder a la oferta de acciones que la ley prevé a los supuestos perjudicados a raíz de los delitos investigados en una causa penal. Caballé declinó la oferta alegando que la entidad que preside «no se considera perjudicada«, pero tanto la Fiscalía como la acusación fruncieron el ceño con el documento aportado. El próximo 30 de noviembre será el turno de las testificales. En principio, y tras varios cambios de fechas, está previsto que testifiquen el expresidente del Consejo Regulador y dos vocales más el próximo 30 de octubre.
En el caso hay cinco imputados -de momento- por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, administración desleal y fraude en las subvenciones. Los investigados son el director general y el jefe de servicio de secretaría del INCAVI, Joan Gené y Francesc Xavier Agell, respectivamente; el secretario de la DO Terra Alta, Jordi Rius -que es, a su vez, alcalde de la Fatarella por el PSC-, la directora y propietaria de la agencia de comunicación Pcats, Sole Garcia Insua, así como también una trabajadora de la DO. Todo ello por una presunta trama de fraudes en el uso de subvenciones por parte de esta entidad.
Un conflicto de intereses
En cualquier caso, la jornada de este viernes estuvo marcada por una polémica que se arrastra desde que se comunicaron las imputaciones. En concreto, la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Generalitat puedan defender a los investigados del INCAVI, como representantes de una institución pública. La jueza tuvo claro desde el principio que la Generalitat no podía asumir su defensa porque, según se desprendía de las investigaciones de los Mossos d’Esquadra, podía ser perjudicada. De hecho, la Fiscalía, en la denuncia con la que inició la instrucción judicial, ya afirmaba que la Generalitat era una de las instituciones públicas perjudicadas. El ministerio público se volvió a oponer alegando que no se puede aceptar que la Generalitat defienda a quien la puede haber perjudicado.
Por otro lado, la presidenta de la DO negó ante la jueza su condición de perjudicada. Una posición que tampoco concuerda con los indicios recogidos en la investigación y así lo hicieron saber las acusaciones. Caballé presentó un documento del órgano de gobierno del Consejo Regulador con el que se certificaba que se había decidido no personarse como perjudicados ni como acusación. Aunque el documento se añadió a las actuaciones, las acusaciones desconfían porque el documento no tenía ni fecha ni firma, así como tampoco se especificaba qué miembros de la dirección participaron en la reunión ni qué votaron exactamente ni de qué manera.
De hecho, la DO emitió un comunicado el mismo día que Vadevi publicó la información en que negaba cualquier tipo de delito y atribuía la investigación a una denuncia presentada “por parte de una persona con varios litigios abiertos con el Consejo Regulador tras un conflicto personal con el conjunto de la entidad derivado de la petición de dimisión». Una referencia indirecta al antiguo presidente, Pere Bové. Gené por su parte, como director general de INCAVI, reconocía a Vadevi la investigación pero expresaba su «confianza» en la justicia.
