El precio de la uva sigue siendo uno de los conflictos que afecta cada año al sector vitivinícola. Antes de comenzar la vendimia, aquellas bodegas que no tienen viñedo propio o que necesitan un extra de uva para poder elaborar sus vinos contactan con viticultores, normalmente con los que han trabajado toda la vida, y pactan la compra del producto. Esta operación se complica en momentos de crisis, ya que no siempre se necesita la misma cantidad de uva y el precio fluctúa según la disponibilidad. La ley de la cadena alimentaria obliga a los agricultores y empresas a no vender ni comprar uva por debajo del precio de coste, pero cada vez son más los viticultores que alertan de que el mercado libre de compraventa no les beneficia. Desde la patronal y a nivel individual, muchos viticultores aseguran que hay grandes desequilibrios con el precio de la uva y exigen a la administración que sea más tajante a la hora de fiscalizar lo que algunos consideran «malas prácticas». Mientras tanto, algunas bodegas que compran uva confirman que hacen todo lo posible por dignificar la vida de los viticultores, pero que la situación es complicada y se agrava con la actual caída del consumo de vino mundial.
«Nos pagan por debajo del precio de coste», aseguran algunas fuentes del sector de los viticultores a Vadevi. Se mantienen en el anonimato al hablar individualmente, ya que ven peligrar sus contratos si ponen sobre la mesa esta situación. No es ningún secreto que una vez superada la sequía ha habido un aumento de la productividad de los viñedos. Las plantas han recuperado su salud y, en muchos territorios de viña de Cataluña, el estrés hídrico ya no es un problema. Actualmente, el problema es que hay más uva de la necesaria, lo que lleva a las bodegas compradoras a pedir menos kilos a los agricultores, lo que provoca que una parte de su cosecha quede sin comprador. El conflicto se ve, sobre todo, entre los viticultores de variedades blancas utilizadas para elaborar espumosos, como son el macabeo, el xarel·lo y la parellada. De hecho, son las bodegas de espumosos las que normalmente compran más uva a viticultores. Hace pocos días, la DO Cava lanzaba un comunicado que aseguraba que ellos mantendrían los precios del año pasado, pero pocas horas después, el representante nacional del sector de la Viña y el Vino de Unió de Pagesos, David Sendra, quien también ejerce como vicepresidente del Consejo Regulador de la DO, reconocía que con este parámetro no se podía entender la gravedad del asunto, ya que pagar el precio de la uva es solo una de las aristas de este conflicto.
El precio de la uva se decide en un mercado libre, esto significa que son contratos que se pactan entre dos partes privadas. Xavier Agell, jefe de secretaría del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), concreta a este diario que su función es fiscalizar y velar por las buenas prácticas dentro de los contratos, es decir, por ejemplo, que no haya cláusulas abusivas. El Incavi también hace un análisis de costos de producción para saber cuál es el precio recomendado para cada año, teniendo en cuenta todas las circunstancias cambiantes. De hecho, el pasado julio se presentó el estudio de costos del cultivo encargado por el Incavi al Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA). El estudio establece que el costo de producir uva destinada a elaborar cava se sitúa entre 0,536 y 0,568 euros por kilo. De esta manera, Agell explica que, en todas las partes en las que la administración pública puede actuar, se actúa, pero también reconoce que no tienen «conocimiento de los posibles conflictos individuales». Precisamente de esta última parte es de la que los agricultores se quejan más, ya que es a pequeña escala donde se sienten más presionados para vender bajo las normas de algunas bodegas y no bajo su criterio.
Comprar menos uva «al mismo precio»
La vendimia de 2026 llega al Penedès con más producción de uva después de varios años marcados por la sequía, pero también con un escenario de mercado complejo, caracterizado por los elevados stocks de vino base y el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Ante esta situación, Codorníu, Vallformosa y el Consejo Regulador de la DO Cava coinciden en situar el mantenimiento de la actividad vitícola y el apoyo a los viticultores entre las prioridades de la campaña, según remarcan en tres comunicados que han publicado en los últimos días. Uno de los principales puntos en común en los tres documentos es el mantenimiento de los precios de compra de la uva. El Consejo Regulador asegura que el sector mantendrá mayoritariamente los precios de la campaña anterior, mientras que Vallformosa ha anunciado que mantendrá los mismos precios que el año pasado, con la excepción de la uva negra, que se revisará debido a la caída del consumo y a la situación del mercado. Codorníu, por su parte, asegura que cumplirá los precios pactados en los contratos con los viticultores. Estas declaraciones son replicadas por los viticultores consultados por este diario, que reconocen que sí hay un pacto para mantener los precios, pero alertan que, por el contrario, «cae el volumen de uva comprada», concreta Sendra. De esta manera, tal como ya pronosticaban las previsiones iniciales de la DO Cava, que apuntaban a un excedente de producción en torno al 30%, los viticultores confirman que «no pueden vender toda su producción».
Según la JARC, la incertidumbre sobre el volumen de vino que se podrá comercializar es utilizada por algunos compradores para presionar para tener precios de la uva a la baja. «Esta situación puede llevar a los productores a aceptar ofertas que no cubren los costos de producción, ante el miedo de no poder vender la cosecha», remarca la entidad. También Sendra reconoce en su comunicado en respuesta a la DO Cava que no se es del todo claro con la cuestión de mantener los precios, ya que él mismo recuerda que el mantenimiento de precio de la DO solo habla de un 70% de las bodegas, una cifra alta, pero que no refleja toda la realidad del sector. El representante de UP en el sector vitivinícola también afirma en su comunicado que la situación no solo afecta a los viticultores que trabajan para las bodegas del cava, sino a otros espumosos. Según el documento, durante los primeros meses de 2026 el precio del vino base cava sufrió una caída importante que se trasladó al precio de la uva. Como consecuencia, asegura que muchos viticultores han percibido liquidaciones de unos 0,30 €/kg, por debajo de los costos de producción. A esto, añade, se suma el incremento de los costos de producción.
Más allá de las grandes cifras que ponen sobre la mesa ambas entidades, hay algunas historias personales a las que ha tenido acceso Vadevi que corroboran que no siempre hay toda la transparencia necesaria en estos contratos. Algunas fuentes del sector, reconocen que les han pedido solo un 70% de su producción de la vendimia de este año. No quieren dar los nombres de las bodegas. La estrategia, en este caso -según las voces del sector que plantean la queja- es que del 30% de producción sobrante, se ha buscado hacer un «trato» por el cual podrán llevar esta uva a la bodega en cuestión y ellos se ocuparán. «Ahora bien, pagándolo a 0,12 euros el kilo«. Así pues, en el resultado final, la bodega consigue la misma uva que el año pasado a un precio más bajo. «No es una medida que llega después de la vendimia y sabiendo cuántos kilos se han vendimiado», lamentan las fuentes del sector, que afirman que «es una acción predeterminada». Recuerdan que estos acuerdos se pactan antes de la vendimia, cuando aún se desconoce la producción final, de modo que responden más a una previsión del mercado que al volumen de uva que finalmente entra en la bodega. Por otro lado, las bodegas mantienen que a pesar de las complicaciones en el mercado y la sobreproducción actual intentan hacer lo mejor por sus viticultores. Vallformosa, por ejemplo, se acogerá a la Provisión de Garantía de Reserva Cualitativa (PGQ), una herramienta destinada a gestionar posibles excedentes y conservar su potencial valor futuro; Codorníu calcula una aportación económica superior a los nueve millones de euros al territorio durante esta campaña; y la DO Cava asegura que la compra de uva de esta vendimia inyectará en torno a 100 millones de euros directamente a los viticultores del territorio.
Una fiscalización más severa
A pesar de que Agell, desde el Incavi, concreta a este diario que se está haciendo el trabajo que se puede hacer, tanto la JARC como Sendra de UP, piden más fiscalización, como también lo exigen muchos viticultores a título personal. En este sentido, la JARC ha solicitado al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación diversas acciones que aporten transparencia. Entre las demandas, está que se inicie una campaña intensa de inspecciones de oficio a las empresas compradoras de uva destinada a elaborar vino y cava; que se sancionen las empresas que hayan pagado precios por debajo de los costos de producción o hayan incumplido la normativa; que la lista de empresas sancionadas sea pública, accesible y fácilmente visible; que se desarrollen herramientas más sencillas para que los viticultores puedan calcular sus costos de producción y presentar denuncias de manera anónima; y que se impulse un nuevo régimen sancionador con penalizaciones proporcionadas, efectivas y suficientemente disuasorias. En definitiva, mientras las bodegas que compran uva defienden su trabajo y el cumplimiento de todas las leyes, incluso en momentos de inestabilidad del mercado, los viticultores y entidades del sector exigen que ningún agricultor deba sentirse solo ante las «malas prácticas de las bodegas». Las dos caras de la moneda enfrentadas, pero con un argumento en común: sin viticultores, no habría vino.
